Guatemala dio un nuevo paso en la lucha contra el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos al aprobar su Plan de Acción Nacional, una estrategia que busca fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado y traducir en medidas concretas los compromisos asumidos a nivel subregional.
El plan fue aprobado el 25 de marzo de 2026 por la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada y forma parte de un esfuerzo más amplio impulsado en Centroamérica y la República Dominicana para enfrentar el flujo ilícito de armas, municiones y explosivos, un problema que afecta la seguridad en toda la región.
El Plan de Acción Nacional es un instrumento estratégico que permitirá traducir los compromisos de la Hoja de Ruta de Centroamérica y la República Dominicana, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y priorizando medidas para prevenir y combatir el tráfico y la proliferación ilícita de armas.
El Plan es el resultado de un trabajo técnico – político y de consulta entre distintas instituciones del Estado, lo que permitirá avanzar de manera coordinada y sólida con su implementación.
El Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que acompañan el proceso de implementación de la Hoja de Ruta de Centroamérica, felicitan a Guatemala por este importante hito que refleja la voluntad política para pasar de los compromisos políticos a acciones concretas frente al tráfico y la proliferación de armas, municiones y explosivos.
Ambas organizaciones continuarán brindando asistencia técnica y apoyando la implementación del plan, en coordinación con socios estratégicos.
Este avance se enmarca en una estrategia regional que busca fortalecer la cooperación entre países frente a un desafío que trasciende fronteras.
El 16 de septiembre de 2025, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), en colaboración con UNICEF Perú, llevó a cabo un seminario nacional sobre prevención y el abordaje de incidentes con armas de fuego en escuelas.
El evento, realizado de manera virtual, reunió a más de 145 participantes, en su mayoría docentes, autoridades escolares y representantes de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima.
El objetivo principal del seminario fue compartir los hallazgos principales del estudio regional elaborado por UNLIREC sobre la presencia de armas de fuego en las escuelas de América Latina y el Caribe, así como impulsar el diálogo intersectorial sobre los impactos, desafíos y rutas de acción frente a este fenómeno en centros educativos.
Durante la jornada, UNLIREC presentó el panorama de la situación regional en los últimos años y compartió algunas de las medidas que se han venido implementando en algunos países de América Latina y el Caribe para abordar y prevenir la presencia y el uso de armas de fuego en las escuelas.
Asimismo, se destacaron herramientas con las que ya cuenta el Perú y que podrían ser clave para integrar esta problemática en las políticas educativas. Entre ellas se puede mencionar el Sistema Especializado en la Atención de la Violencia Escolar (SiSeVe), la Guía para prevención, detección y actuación ante la presencia de armas de fuego en las instituciones educativas y el Programa Estratégico de Reducción de la Violencia Escolar (PREVI). Todas estas iniciativas han sido desarrolladas por el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU).
También se mencionaron campañas de sensibilización impulsadas en años anteriores por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil del Perú (SUCAMEC), como talleres en escuelas secundarias sobre los riesgos asociados a las armas de fuego y actividades dirigidas a los más pequeños para realizar el canje y destrucción de juguetes bélicos.
Las personas asistentes coincidieron en la necesidad de contar con un protocolo específico para abordar situaciones que involucren la presencia de arma de fuego en entornos escolares. Se espera que este webinario sea el primer paso hacia la elaboración de dicho protocolo.
Esta actividad forma parte del proyecto “Desarme, mujeres y jóvenes” financiado por el Gobierno de Canadá.
El 12 de setiembre de 2025, la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA), en colaboración con su Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) organizaron la Reunión Virtual Regional sobre Seguridad y Tecnología en América Latina y el Caribe. Este eventosirvió como un diálogo preparatorio en vísperas del octogésimo periodo de sesiones de la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El encuentro reunió a representantes gubernamentales de 29 Estados de la región, incluidos puntos focales nacionales en materia de desarme, expertos en seguridad y tecnología que se encuentran en capitales, y delegados de las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Nueva York. Los Estados participantes fueron Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Bahamas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
La sesión proporcionó una plataforma para intercambiar opiniones y preocupaciones sobre la rápida evolución de la ciencia y tecnología, y su impacto en la paz y seguridad internacional. Las discusiones abordaron tanto procesos políticos como cuestiones sustantivas sobre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la proliferación y el uso indebido de vehículos aéreos no tripulados armados (UAV), y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito militar.
Expertos regionales, junto con representantes del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) y UNODA, exploraron las implicancias de las tecnologías emergentes para la seguridad regional y global. UNODA también compartió actualizaciones sobre los debates multilaterales en curso, destacando el creciente impulso entre los Estados para abordar estos desafíos de manera colectiva.
Las delegaciones subrayaron que las tecnologías emergentes están transformando el panorama de seguridad en América Latina y el Caribe. La región está enfrentando el uso indebido de drones armados, el aumento de las amenazas derivadas del ciberdelito y la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en los sistemas de defensa. Los participantes destacaron la importancia de mantener el diálogo regional continuo y fortalecer la cooperación para abordar estos desafíos.
Tal como se refleja en el Pacto para el Futuro, adoptado por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en setiembre de 2024, existe una imperiosa necesidad de aprovechar los beneficios que ofrecen las tecnologías emergentes, mientras se mitigan los riesgos asociados a su uso indebido. Este compromiso también se pone de manifiesto en el aumento de los debates intergubernamentales y resoluciones del Primer Comité sobre estas cuestiones.
El propósito del curso fue fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de actores clave para integrar la perspectiva de control de armas y prevención de la violencia armada en los Planes de Acción de la resolución1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) y, del mismo modo, incorporar la perspectiva de género en los Planes de Acción Nacional de la Hoja de Ruta sobre armas de fuego.
“Es importante que ambas agendas dialoguen, que los Planes de Acción de la 1325 incorporen la perspectiva de control de armas pequeñas, así como los Planes de Acción de Armas integren la perspectiva de género. Este espacio busca poner en el centro de la discusión la convergencia de ambas agendas.”, dijo Soledad Urruela, directora de UNLIREC en la apertura del curso.
El taller, desarrollado de manera virtual del 26 al 28 de agosto, reunió a autoridades gubernamentales y representantes de organizaciones de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, con responsabilidades en materia de seguridad ciudadana, control de armas pequeñas y políticas de igualdad de género. La actividad fue financiada por la Unión Europea y el Gobierno de Canadá, y forma parte de un esfuerzo conjunto para avanzar en la implementación de compromisos internacionales.
“Este curso es una oportunidad para generar sinergias, fortalecer capacidades y avanzar con determinación en la prevención de la violencia armada, poniendo siempre a las mujeres y niñas en el centro de nuestras acciones,” expresó Delfina García Hamilton, coordinadora de Gobernanza de Mujeres, Paz y Seguridad de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe.
A lo largo de las tres sesiones, se abordaron contenidos fundamentales sobre los marcos normativos internacionales que rigen el control de armas y su convergencia con la agenda de género. Los módulos incluyeron el análisis del Programa de Acción sobre Armas Pequeñas, la Hoja de Ruta sobre Armas de Fuego para Centroamérica y República Dominicana, el Tratado sobre el Comercio de Armas, y la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas (CIFTA). A través de presentaciones, discusiones grupales y plenarias, se analizó cómo estas herramientas pueden ser aprovechadas para fortalecer los Planes Nacionales de Acción de la resolución1325 desde una perspectiva intersectorial.
La capacitación brindó además un espacio para intercambiar experiencias y desafíos sobre la situación actual de los planes de desarme en la región, así como las brechas existentes en la protección de mujeres y niñas frente a la violencia armada. Se destacó la necesidad de reforzar la colaboración entre los equipos que lideran las agendas de seguridad ciudadana y de género y se identificaron acciones concretas para integrar ambos enfoques en políticas públicas.
Durante la apertura institucional, representantes de ONU Mujeres, UNLIREC y de la Unión Europea coincidieron en la urgencia de actuar de manera coordinada frente a la proliferación de armas y sus impactos diferenciados por género. Reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de capacidades estatales y regionales para garantizar una paz sostenible, basada en la prevención, la participación y la protección de los derechos de las mujeres en contextos de seguridad.
Este taller representa un paso concreto en el avance hacia una región más segura e inclusiva, donde los esfuerzos de control de armas y prevención de la violencia armada se articulen con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como pilares para la construcción de paz.
Conozca más sobre el plan de desarme en América Latina y el Caribe aquí:
Contactos de prensa
ONU Mujeres | Miguel Trancozo Treviño | miguelangel.trancozo@unwomen.org UNLIREC | | María Lucía Correa | correa@unlirec.org
Del 12 al 14 de agosto 2025, más de 50 mujeres suboficiales de la promoción 2025 de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP de San Bartolo, Lima, participaron en un Curso introductorio a la inteligencia balística y combate al tráfico ilícito de armas de fuego.
La capacitación, dirigida exclusivamente a mujeres de las fuerzas de seguridad, fue organizada por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional del Perú.
El programa abarcó conceptos clave como el contexto regional de la violencia armada en América Latina y el Caribe, inteligencia balística, la identificación de armas de fuego, municiones, partes y componentes, marcación y recuperación de números de serie; balística forense y manejo de evidencias; fabricación ilícita de armas de fuego, municiones y otras modalidades relacionadas; y cooperación internacional en el rastreo y técnicas especiales de investigación de tráfico de armas de fuego. Las sesiones combinaron teoría y práctica para fortalecer las capacidades técnicas de las participantes.
Este curso se desarrolla, además, en un contexto en el que la presencia de las mujeres en las fuerzas del orden en Perú sigue siendo limitada. De acuerdo al diagnóstico sobre el personal policial femenino en la Policía Nacional del Perú realizado por el Ministerio del Interior en 2023, las mujeres Suboficiales de Armas representan el 16.47%, y la cifra se reduce al 12.07% en el caso de las Oficiales de Armas . Estas cifras evidencian que todavía existe un largo camino por recorrer para alcanzar la paridad de género dentro del sector de seguridad y que las mujeres en estos campos tengan mayores conocimientos para aportar de manera efectiva a la reducción de la violencia armada.
Es así que esta capacitación no solo busca mejorar la eficiencia de la Policía Nacional del Perú frente al tráfico ilícito de armas, sino también empoderar a las nuevas generaciones de mujeres suboficiales con conocimientos técnicos y herramientas estratégicas, contribuyendo a la reducción de la violencia armada, avanzando hacia una mayor equidad dentro del cuerpo policial.
Esta iniciativa se enmarca en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 65/69 sobre Mujeres, Desarme, No proliferación y Control de Armamentos, y en las recomendaciones de género incluidas en la última Conferencia de Revisión del Programa de Acción sobre Armas Pequeñas (PoA RevCon4), que insta a los Estados a promover la participación igualitaria y significativa de las mujeres en el control de armas y combate al tráfico ilícito.
La actividad fue posible gracias al apoyo del gobierno de Canadá en el marco del proyecto “Mujeres, Desarme y jóvenes”.
Entre el 21 y el 25 de julio de 2025, oficiales de Panamá participaron en dos cursos especializados sobre la perspectiva de género en la investigación y judicialización de delitos con armas de fuego, organizados por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) en colaboración con el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá Doctor César Augusto Quintero Correa y el Ministerio de Seguridad Pública.
El primer curso contó con la participación de profesionales del Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública, y abordó la integración de la perspectiva de género en el manejo de la escena del crimen, la preservación de evidencias y la formulación de una hipótesis de investigación. Además, se enfatizó la importancia de la cooperación interinstitucional entre la policía, los peritos forenses y la fiscalía para lograr una respuesta más eficiente frente a la violencia armada contra las mujeres.
Por su parte, el Curso especializado para la judicatura sobre la perspectiva de género en los delitos cometidos con armas de fuego (CEJAF), diseñado para juezas y jueces de diferentes provincias del país, se centró en la incorporación de la perspectiva de género en la valoración probatoria y la emisión de decisiones judiciales. Esta formación promueve el análisis contextual de los hechos conforme a estándares internacionales y busca que las víctimas de la violencia armada reciban un trato justo en los tribunales. Esta actividad congregó a juezas y jueces de Panamá Oeste, Darién, Colón y Veraguas, y contó con la participación de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Ambos cursos estuvieron orientados a sensibilizar a los profesionales involucrados en la investigación y sanción de la violencia armada contra las mujeres en la importancia de integrar la perspectiva de género como método de análisis en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación inicial hasta la resolución judicial.
Esta iniciativa contribuye a los Objetivos 5 y 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que buscan erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, así como reducir el tráfico ilícito de armas. Asimismo, se enmarca en el Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas y la Convención de Belém do Pará, promoviendo un enfoque integral para combatir la violencia de género y el tráfico ilegal de armas.
